Darío Becchetti, Columnista de Análisis Político-Comunicacional, sobre la intervención del Estado en el aumento del precio del acceso a internet en nuestro país
“Este éxito moderado sugiere que es necesario profundizar las políticas regulatorias en cuanto a precios y tomar un rol activo en el desarrollo de infraestructura. El ejemplo de Mendoza puede irradiar a otras provincias
Primero vamos a ver el vaso medio lleno: desde la entrada en vigencia del DNU 690, distintas mediciones demostraron que los precios de los productos de acceso a Internet actualizaron sus precios por debajo de la inflación.
Según el informe “Oferta de acceso fijo a Internet”, el precio promedio de una conexión de Internet es de $ 2.841 finales (tomando en consideración precios de lista y no valores con descuentos promocionales). Comparado con los $ 2.043 obtenidos en 2020 implica un aumento del 39%, por debajo de la inflación del período septiembre 2020-2021, de 53%. Esto no quita que sea caro, pensando en que el acceso debería ser universal dada su importancia para la educación, el trabajo, la comunicación y el entretenimiento. Pero dado el escaso apego por la ley que tienen los principales proveedores de internet del país, no es poco.
Según datos del informe:
– Un 24% de los productos de accesos cuentan con una promoción, sea en la instalación y/o en el abono mensual
– Así hay menos productos con promoción que en 2020, cuando alcanzó al 30%, y bastante menos que el 37% en 2019.
– Los descuentos por promociones tienen una duración promedio de 2 meses y medio, mucho más cortas que el promedio de 8 meses encontrado un año atrás
– Es claro que una inflación alta atenta contra promociones duraderas.
Viendo el vaso medio vacío, es necesario mencionar cuánto necesitamos un ENACOM mucho más activo en su capacidad interventora por un lado y en un rol que acompañe el desarrollo de los medios sin fines de lucro por el otro.
Dicho esto, en Mendoza se está dando una experiencia interesante. La semana pasada se llegó a un acuerdo marco que será importante para reducir los niveles de inversión necesarios para extender el alcance y mejorar la infraestructura para internet.
Las empresas de energía eléctrica acordaron compartir sus postes con los proveedores de internet en forma igualitaria a un precio definido. Esto que parece muy sencillo fue un acuerdo que demandó trabajo y que permitirá extender el acceso a internet en toda la provincia mucho más rápido y requiriendo una inversión mucho menor.
Además, la provincia anunció una línea de créditos para el desarrollo de fibra óptica y la colocación de más postes donde no haya o no puedan soportar el cableado adicional.
Este caso demuestra cómo los gobiernos provinciales y municipales también pueden aportar al desarrollo de la conectividad en nuestro país.
Ojalá lo hagan”.