La jornada, que culminó con la media sanción del proyecto en Diputados, fue vivida como una victoria parcial pero importante por quienes llevan años peleando contra el ajuste y la desprotección del Estado. “Éramos una sola marcha, sin partidos, sin etiquetas: había organizaciones, estudiantes, el Hospital Garrahan, jubilados, y personas con discapacidad luchando por sus derechos”, relató Corrales en diálogo con El Aire de Aquí.
La funcionaria, además militante del equipo de políticas para personas con discapacidad del PJ varelense, viajó junto a unas 60 personas a la Plaza de los Dos Congresos. Entre ellas, su hija Valentina, que tiene parálisis cerebral, y estudiantes de la UNAJ que también integran comisiones de discapacidad.
“El Congreso estaba vallado. No pudimos acercarnos a la reja. Pero lo importante era estar, era visibilizar, era poner el cuerpo”, señaló. Y remarcó que la movilización fue la respuesta a un largo derrotero de atropellos: desde la polémica resolución 187 de enero —que utilizaba términos como "imbécil", "idiota" o "débil mental" para referirse a personas con discapacidad— hasta la parálisis de la Comisión de Presupuesto, que no se reunía desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Corrales explicó que la ley votada —que ahora espera su tratamiento en el Senado— declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. “No es solo una declaración simbólica. Tiene 20 artículos y medidas concretas: garantizar el financiamiento de pensiones no contributivas, apoyo a prestadores, condonación de deudas, y asegurar derechos como salud, educación, trabajo y protección social”, subrayó.
Para Corrales, la norma busca que el Estado argentino —más allá de cualquier gestión— cumpla con lo que firmó ante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. “Esto no es contra un gobierno, es por la dignidad de nuestro pueblo”, sostuvo.
En medio de un contexto de ajuste brutal, Corrales destacó el trabajo articulado entre el diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, y el legislador varelense Julio Pereyra, quienes impulsaron el debate. “Tuvieron que forzar el tratamiento en Presupuesto y Hacienda, una comisión que no se reunía. No fue fácil”, afirmó.