La semana pasada, el fiscal Jorge Di Lello imputó a Mauricio Macri y a quienes dirigían la Agencia Federal de Inteligencia durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Madjalani, en una causa por espionaje ilegal, a partir de una denuncia realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.
Para comprender mejor las características y el funcionamiento de las agencias de inteligencia en nuestro país, entrevistamos a Diego Llumá, especialista en temas de seguridad y defensa, colaborador de Nilda Garré durante la gestión kirchnerista y actual Subsecretario de Seguridad Preventiva en el Ministerio de Seguridad, de la provincia de Santa Fe.
Llumá explicó que los servicios de inteligencia en todos los países democráticos funcionan en un marco legal y bajo tutela judicial. Sin embargo, hubo numerosas denuncias en este sentido en las últimas dos décadas y la situación se ha agravado en los últimos 10 o 15 años debido a una dinámica que tuvieron las líneas de planta de la ex Side, actual AFI, que tiene que ver con aprovechar esta herramienta del Estado para hacer espionaje político.
Relacionó este fenómeno con la conformación de la actual AFI, y consideró que Cristina Caamaño tiene posibilidades de éxito en su proyecto de refundar el organismo.
El especialista explicó que “los servicios de inteligencia de la República Argentina no responden a un imaginario monolítico binario de buenos – malos, sino que las dinámicas de abandono de los distintos gobiernos generaron fragmentación interna. Hay profesionales capaces de desmontar operaciones criminales complejas pero han sido relegados.”
“Existe una Comisión Bicameral que debería controlarlos, pero que prácticamente no se ha reunido en los últimos 30 años. ¿Y por qué no se reunió? Seguramente por presión de los mismos organismos de inteligencia que no quieren que, por dinámicas poco serias de la política, los secretos de Estado pasen a la tapa de los diarios como ha ocurrido en los últimos años” expresó Llumá.
“Los servicios de inteligencia tienen la obligación de velar por la seguridad del Estado, que es el garante de los derechos y libertades. El Estado tiene que poder anticipar amenazas y riesgos y para eso, a veces entra en tensión, no en contradicción, con derechos como la protección de datos personales. Cuando eso ocurre debe haber un mecanismo institucional para contrabalancear, que pueda pedirles rendición de cuentas. Eso está flojito en el Poder Legislativo, y no debería delegarlo en el Poder Judicial, que está permeado por organismos de inteligencia que han sido a su vez influidos por agencias de Estados Unidos, Francia y otros países, y han llegado a colocar jueces”, afirmó.
“Las situaciones irregulares ocurren cuando se autonomizan poderes del Estado con capacidad coercitiva”, reflexionó. Destacó que los organismos tienen la obligación proveerse de información de calidad para asesorar al Poder Ejecutivo y para anticipar potenciales daños al interés nacional y a las libertades públicas. La tentación de las policías y los servicios en avanzar en agendas que no son las de interés público dependen de la inexistencia de una supervisión democrática, institucional y republicana ejercida por personas capacitadas.
Consideró que para modificar la situación actual hay que dar seriedad al plan de carrera de los servicios de inteligencia, a los mecanismos de reclutamiento y formación profesional para poder gestionar los medios tecnológicos nuevos y las lógicas estadísticas para poder asesorar en este momento complejo al Poder Ejecutivo.