Algunos conceptos de la entrevista de Daniel Symcha y Gabriel Wainstein a Miguel Rodríguez Villafañe acerca del Juicio Ético contra los diputados cordobeses que apoyaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Es una respuesta de acción social colectiva y participativa necesaria al estar en juego la educación universitaria gratuita, pública y de calidad. La representatividad no da soberanía al representante para destruir las bases del sistema. Deben dar explicaciones. Sus acciones contradicen el art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que dice que el Congreso debe garantizar «los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales». También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene rango constitucional y dice que el Estado debe «mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.»
“Los mismos diputados que aprobaron el veto contra el financiamiento universitario, un reajuste racional, no tuvieron ningún empacho en rebajar el Impuesto a los Bienes Personales.”
“¿Cuál es el objetivo del juicio? Tiene que empezar a haber control social. En este momento hay más control para el que fuma que para el que hace cosas que van en contra de la representatividad de la sociedad.”
“Se hizo con toda la lógica de un juicio. En el tribunal estaban conmigo la decana de Filosofía y Humanidades, Flavia Dezzutto, y una colega muy respetada, Patricia Cóppola. Se hizo con todas las garantías: hubo un fiscal que imputó en base a lo que constaba en el Diario de Sesiones y un defensor que lo hizo en base a las declaraciones de las partes. Hubo 21 testigos de cargo y se hizo una lectura de sentencia que señalo que los seis diputados y la senadora son éticamente responsables por no haber representado el mandato que les dio la sociedad. Tiene que haber control social, estas mismas personas ahora se quieren proponer para volver a ser candidatas.”
“Es una respuesta de acción social colectiva y participativa necesaria al estar en juego la educación universitaria gratuita, pública y de calidad. La representatividad no da soberanía al representante para destruir las bases del sistema. Deben dar explicaciones. Sus acciones contradicen el art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que dice que el Congreso debe garantizar «los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales». También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene rango constitucional y dice que el Estado debe «mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.»
“Los mismos diputados que aprobaron el veto contra el financiamiento universitario, un reajuste racional, no tuvieron ningún empacho en rebajar el Impuesto a los Bienes Personales.”
“¿Cuál es el objetivo del juicio? Tiene que empezar a haber control social. En este momento hay más control para el que fuma que para el que hace cosas que van en contra de la representatividad de la sociedad.”
“Se hizo con toda la lógica de un juicio. En el tribunal estaban conmigo la decana de Filosofía y Humanidades, Flavia Dezzutto, y una colega muy respetada, Patricia Cóppola. Se hizo con todas las garantías: hubo un fiscal que imputó en base a lo que constaba en el Diario de Sesiones y un defensor que lo hizo en base a las declaraciones de las partes. Hubo 21 testigos de cargo y se hizo una lectura de sentencia que señalo que los seis diputados y la senadora son éticamente responsables por no haber representado el mandato que les dio la sociedad. Tiene que haber control social, estas mismas personas ahora se quieren proponer para volver a ser candidatas.”