La abogada Marcela Loyola patrocina a La Banda de Sarita, una organización que protege a animales abandonados y maltratados. Denuncian hostigamiento por tierras y exigen justicia.
Un grave episodio de maltrato animal ocurrió en Florencio Varela el pasado fin de semana, cuando al menos diez perros fueron envenenados en el refugio La Banda de Sarita, ubicado en la zona de La Capilla. Algunos de los animales murieron en las primeras horas y otros, aunque fueron asistidos, no lograron sobrevivir. La denuncia ya fue judicializada y se tramita en la UFI N.º 2 de Quilmes.
La doctora Marcela Loyola, abogada patrocinante de la organización, explicó en diálogo con Radio UNAJ que el hecho no fue aislado: “El refugio venía sufriendo amedrentamientos vinculados a disputas por las tierras, pero esta vez tocaron a los animales, y eso no puede permitirse”.
El caso: envenenamiento masivo y animales judicializados
El ataque ocurrió entre el sábado 1° y el domingo 2 de junio. La ONG La Banda de Sarita, que alberga animales rescatados, judicializados, víctimas de abandono y maltrato, encontró varios perros con síntomas de intoxicación aguda. Muchos no sobrevivieron, entre ellos una perra madre que dejó cachorros huérfanos.
“La situación fue desgarradora”, detalló Loyola. “Los animales que ya habían sufrido tanto, en un espacio que debería ser seguro, terminaron muriendo de forma violenta y dolorosa”.
Investigación y sustento legal: ley 14.346 y artículo 184
El hecho fue denunciado en la comisaría correspondiente y ratificado luego en sede judicial. La Policía Ecológica intervino para recoger muestras, y se solicitó la necropsia de los cuerpos para identificar el tipo de veneno utilizado.
Loyola explicó que el delito se enmarca en la Ley 14.346 contra el maltrato y la crueldad hacia los animales. Además, señaló que puede existir un concurso de delitos con el artículo 184 del Código Penal, que agrava las penas en casos de daño intencional.
“Queremos que se apliquen penas efectivas, aunque las sanciones de la Ley 14.346 aún son bajas. Si demostramos dolo, podríamos alcanzar hasta tres años de condena”, señaló.
Riesgo para la salud pública
Una de las preocupaciones más graves es que el veneno podría haber quedado expuesto en zonas cercanas al refugio, afectando no solo a otros animales, sino también a personas. “Si alguien encuentra comida contaminada y un niño la toca, podría intoxicarse. Por eso es fundamental actuar con rapidez y responsabilidad”, advirtió la abogada.
Exigen seguridad y cámaras para evitar nuevos ataques
Desde el refugio piden colaboración de la comunidad para instalar cámaras con energía solar, ya que la zona no cuenta con acceso a red eléctrica estable. También solicitan donaciones para alimentos y medicamentos, ya que mantienen decenas de animales bajo cuidado.
“No sabemos si este ataque va a repetirse. Por eso pedimos reforzar la seguridad del predio”, explicaron desde la organización.
Un caso que sienta precedentes en la justicia local
El estudio jurídico del Dr. Lozada, donde trabaja Loyola, se especializa en derecho animal y ambiental. Según explicó la letrada, este tipo de delitos todavía no tiene suficiente jurisprudencia, por lo que avanzar en esta causa también permitirá generar antecedentes legales importantes en la región.
“El abandono y el maltrato animal son delitos penales. Hay que denunciar siempre. Por un solo perro o por diez, como en este caso. Cada vida cuenta”, concluyó.