Tras la imputación al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por la prórroga ilegal de las concesiones de siete corredores viales, el Gobierno derogó por decreto los contratos que estaban vencidos hace dos años. A partir de ahora, las rutas serán administradas de manera provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” por Corredores S.A.
Hace dos semanas, el fiscal Eduardo Taiano decidió investigar a los funcionarios a raíz de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVYARA). “Aunque ahora rescindan los contratos, el delito igual se cometió”, afirmó Graciela Aleña, Secretaria General del gremio y principal denunciante en la causa.