El Fondo de Integración Sociourbana (FISU), uno de los instrumentos clave para la urbanización de barrios populares en Argentina, fue desactivado por el Gobierno Nacional a través de un decreto que centraliza sus recursos bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta decisión generó una fuerte reacción en todo el país y motivó movilizaciones de organizaciones sociales, que reclaman la inmediata reactivación de obras paralizadas y el restablecimiento del programa.
En diálogo con El Aire de Aquí, Juan Vitta, referente social de Florencio Varela, docente, miembro de SUTEBA y de la CTA provincia, advirtió con claridad: “El cierre del FISU es una sentencia contra los más pobres. Están paralizando obras esenciales para la vida digna en nuestros barrios”.
¿Qué era el FISU?
“El Fondo Fiduciario para la Integración Sociourbana se conformó con aportes del impuesto PAÍS y el impuesto a las grandes fortunas. Nació con un objetivo claro: llevar obras de infraestructura básica a los barrios populares que no estaban reconocidos legalmente, ni siquiera en los catastros oficiales”, explicó Vitta.
A partir de un relevamiento nacional, se identificaron más de 6.500 barrios populares en todo el país. “Estamos hablando de cientos de miles de familias que vivían sin acceso seguro a agua, luz, cloacas o gas. La ley nacional votada por unanimidad en 2016 creó un registro formal (RENABAP) que los visibilizó legalmente, y la contracara de esa visibilidad era la obligación del Estado de actuar”.
Obras que cambiaron vidas
Con la reglamentación de la ley durante el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutaron obras en más de 1.200 barrios. “No eran promesas abstractas: eran obras concretas de red de agua, luz, gas, veredas, conexiones intradomiciliarias. Cosas que te salvan la vida. Estamos por entrar al invierno, y ya sabemos lo que pasa con las instalaciones eléctricas precarias: incendios, intoxicaciones con monóxido, muertes evitables”.
El vaciamiento del fondo
Vitta denunció que la disolución del fondo se realizó “como ya es costumbre en este gobierno, por decreto”, y que los fondos ahora quedaron bajo la tutela exclusiva del ministro de Economía, Luis Caputo. “Se elimina el Consejo Asesor que autorizaba cada proyecto, donde había legisladores de distintos partidos y organizaciones sociales, incluso Caritas. Ahora todo queda en manos de Caputo. ¿Quién puede pensar que ese dinero va a terminar en nuestros barrios?”.
Según el referente, ya hay decenas de obras paralizadas desde diciembre de 2023. “No se iniciaron nuevos expedientes en todo este año y medio. Hay un silencio absoluto sobre qué piensan hacer con esa plata”.
El caso Varela: historia de luchas y barrios olvidados
Vitta recordó que Varela fue pionera en la ley de acceso al hábitat en la Provincia de Buenos Aires. “Pero necesitamos que esa política se sostenga. No se puede construir un país sobre el abandono de millones de personas”.
Marcha y reclamos urgentes
Organizaciones sociales marcharon desde Plaza de Mayo al Ministerio de Economía para exigir la reactivación del FISU. “Somos los mismos que sostenemos comedores, apoyamos el estudio con el PINES, acompañamos a víctimas de violencia de género. También asumimos la pelea por el hábitat digno”, señaló Vitta.
El reclamo es claro: que se paguen las obras paralizadas, que se reactiven los proyectos detenidos, y que el Estado diga qué piensa hacer con los fondos del FISU. “Al contrario de lo que dicen, en este fondo nadie se había robado la plata. Al contrario, la plata llegaba y se transformaba en obras concretas, en derechos. Hoy la decisión es que no llegue”.