Clara Chevallier, secretaria de ADEIUNAJ, advierte sobre una crisis salarial y comunitaria que amenaza el derecho real a la universidad pública
Los salarios docentes y Nodocentes del sistema universitario argentino està atravezado por un tremendo ajuste provocado por el gobierno de Javier Milei. En ese marco, el Consejo Superior de Universidad Nacional Arturo Jaurethe de Florencio Varela, impulsado por las gremiales docentes y nodocentes junto con la Federación Estudiantil, declaró recientemente la emergencia salarial y comunitaria. En el marco del Día del Docente Universitario, el programa Habrá Señales entrevistó a Clara Chevallier, secretaria de Adeiunaj, quien brindó un crudo panorama de la situación.
Un salario que no cubre lo básico
“El salario más extendido en la UNAJ es el de JTP con dedicación semiexclusiva”, explicó Chevallier. Ese puesto, que implica 20 horas semanales de trabajo, hoy está remunerado en 500.000 pesos mensuales. “Ese monto no cubre un alquiler ni alcanza para sostener una familia”, remarcó.
Además del bajo ingreso, los docentes deben afrontar largos viajes desde sus hogares hasta la universidad, ubicada en Florencio Varela. “La mayoría vive lejos, porque la UNAJ nació justamente para acercar la educación superior a una región históricamente postergada”, sostuvo. Los costos de transporte y viandas para pasar el día agravan aún más el panorama.
Docentes renuncian y cuesta cubrir vacantes
Chevallier reveló que dos docentes por semana presentan su renuncia. “Hay quienes están considerando trabajos alternativos como el reparto en auto porque el salario docente ya no permite sostenerse”, dijo. Esta situación está generando un vaciamiento progresivo que afecta directamente el dictado de clases y la continuidad pedagógica.
Una universidad con mirada comunitaria en alerta
“La UNAJ se piensa parte del territorio y da cuenta de lo que allí ocurre. Por eso, esta declaración de emergencia no es solo salarial, es también comunitaria”, subrayó la secretaria gremial. La emergencia abarca no solo a docentes, sino también a nodocentes y estudiantes que ya no pueden cubrir las cuatro comidas diarias, que pierden becas congeladas o que abandonan la carrera por falta de recursos.
Un gobierno indiferente
Para Chevallier, el conflicto se agrava por una política nacional que desconoce la importancia de la universidad pública. “El gobierno no tiene ningún interés en que las universidades sigan existiendo. Por eso es fundamental defenderlas, visibilizar esta situación y dar la pelea por un derecho que hoy está en riesgo real”, concluyó.