Hablamos con Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del CECIM, sobre los 60 represores que cobran cobran “pensiones honoríficas” como veteranos de la guerra del Atlántico Sur. El Centro de ex combatientes Islas Malvinas de La Plata, que agrupa a los soldados que pelearon en Malvinas se puso “a disposición” esta semana de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para revisar las “irregularidades detectadas” en el otorgamiento de esos beneficios, que comenzaron en los años ´90.
“Es un tema que venimos analizando y observando desvíos que se vienen produciendo a partir del momento en que avanzan las causas por Derechos Humanos por torturas cometidas en la dictadura. No deberían cobrar aquellos que fueran condenados por delitos de esa índole. Hay cientos de represores que fueron condenados en distintas causas: la ESMA, Campo de Mayo, Margarita Belén, que participaron en Malvinas. Veníamos haciendo un trabajo con el fiscal De Vedia, e hicimos una presentación en la ANSES. Esto es un muestreo que hacemos, tenemos identificados quienes son procesados y condenados y le hicimos llegar un informe a la actual presidenta de la ANSES, Fernanda Raverta, donde dice que detectamos a 60 personas que están condenados o con prisión preventiva, entre ellas, personajes nefastos de la dictadura militar, que están cumpliendo prisión perpetua. Nos pusimos a disposición de la ANSES, pero es necesario que se establezca un sistema por el cual a aquellos que formaron parte de las Fuerzas Armadas y participaron en Malvinas, se les solicite el certificado de antecedentes penales. Incluso encontramos a una persona que estaba prófuga de la justicia, ubicada en Alemania, que venía percibiendo esa pensión y a finales de 2015 se suspendió. Durante la gestión de Macri no se hizo ningún control en esta cuestión tan sensible: no se puede premiar la impunidad, estas personas no tienen nada que ver con el honor, no se puede ser héroe y represor”.