En los últimos días parece haber una contraofensiva de el lawfare, la maniobra de persecución contra referentes políticos del kirchnerismo orquestada entre parte del Poder Judicial y la prensa hegemónica. Esto se puede inferir a partir de dos resoluciones. Por un lado la declaración de validez, por parte de la Cámara de Casación, de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos ¬–a pesar de la inexistencia de registros audiovisuales ni sonoros. Por el otro, el rechazo por parte de la Corte Suprema del recurso de queja de Amado Boudou en la causa Ciccone, realizado a través del artículo 280 del Código Civil, que permite no dar explicaciones. Para hablar de este tema nos comunicamos con Carlos Rozanski, exjuez de Cámara Federal, de destacada actuación en las causas de derechos humanos, desplazado de su cargo por el gobierno de Mauricio Macri.
Rozanski señala que no se trata de una contraofensiva sino un reforzamiento de la ofensiva, dado que el lawfare nunca perdió fuerza. “Conociendo las características que esa guerra jurídica tiene, en basa a qué metodología trabajan, tengo la sensación de lo que hubo fue una modificación en algunos de sus pilares, fundamentalmente en el Poder Ejecutivo. Se fue un mafioso, un delincuente, como es Mauricio Macri, y entran personas decentes como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ese cambio en el Poder Ejecutivo no modifica la estrategia del lawfare. Sus pilares fueron, además del Poder Ejecutivo, una parte del Poder Judicial, los medios hegemónicos y los servicios de inteligencia. Cambió el Ejecutivo, se dispuso una intervención en los servicios de inteligencia, pero los medios hegemónicos son exactamente los mismos y el Poder Judicial es exactamente el mismo. Con esos dos pilares alcanza y sobra para continuar el lawfare en actividad.”
El ex juez afirma que los detenidos del lawfare son presos políticos: “No cabe duda alguna, si bien hay una tendencia a ponerles otra denominación, es una cuestión de palabras. Se habla de detenciones arbitrarias, pero la detención arbitraria es ilegal. Arbitrariedad puede ser la decisión de un árbitro de fútbol. Cuando estamos hablando de detenciones, de pérdida de la libertad personal del individuo, tenemos que hablar de ilegalidad. Por lo tanto, esas detenciones son ilegales y quienes son víctimas son presos políticos. Milagros Sala, Amado Boudou son presos políticos como otros que están en esa situación.”
El letrado explica que “En la dictadura, además de la metodología de tortura y desaparición, los detenidos se ponían a disposición del Poder Ejecutivo. En democracia, la detención arbitraria, como sucedió en el gobierno de Mauricio Macri, es producto de una persecución absolutamente pensada, diseñada y sistematizada por una banda de delincuentes nunca vista. Convengamos que en democracia no hay antecedentes de una banda delictiva de esa dimensión, hablamos de Mauricio Macri y todo un ejército de cómplices: agencias de inteligencia, diputadas como Zuvic, Carrió, Oliveto y los sectores más recalcitrantes del Poder Judicial.”
En cuanto al espionaje en los penales de las conversaciones entre los detenidos políticos y sus defensores, a Rozanski no le cabe duda jurídica acerca de que provocan la nulidad de las causas: “Es el famoso fruto del árbol envenenado. El problema es que se puede tener la certeza jurídica, pero mientras no haya jueces que apliquen correctamente las leyes y la Constitución Nacional, eso no va a producirse. Hay una distancia muy grande entre lo que uno cree correcto y lo que ciertos jueces consideran adecuado.”
Rozanski pone como ejemplo la decisión de la Cámara de Casación respecto a las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos: “Casación dijo que el registro en actas es suficiente para cumplir con la ley, lo cual es mentira. La ley respectiva ordena que haya un registro que se pueda verificar. El acta no lo es. El audio y el video se pueden verificar para controlar que no estén torturando al individuo. En la tortura se ponía en las actas: ‘preguntado por tal cosa respondió tal otra’ no decía ‘en este momento se le aplica picana eléctrica en los testículos’. Es indignante lo que hizo la mayoría en la Cámara de Casación, dejamos a salvo a una muy decente jueza que es Ana María Figueroa.”
El ex juez evalúa que es muy difícil lograr la libertad de los presos políticos si no se toman medidas respecto a la llamada familia judicial. “Afortunadamente cambió el Poder Ejecutivo, pero eso no alcanzó. El problema que se arrastra es la parte más corrupta del Poder Judicial, los malos jueces que, al seguir intactos, son los que tienen el poder real. Son los que pueden dar libertades o otorgar lo que corresponde en derecho. Si eso no se produce, los remedios que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen a su alcance, son complicados.”
Rozanski también se refiere a la reforma judicial que envió el Poder Ejecutivo al Congreso: “Fui invitado a opinar sobre esto en el Senado y la apoyé, pero aclarando que esto era el comienzo de una reforma futura. Estamos hablando de una mejora al agregarse juzgados, pero no tiene incidencia en la corrupción estructural. Este proyecto, aún cuando es bueno, no modifica, por ejemplo, la fiscalía de Carlos Stornelli. Es muy peligroso que gente como Stornelli o algunos jueces federales tengan escritorios, poder y tomen decisiones todos los días. Me refiero al sector corrupto. Si hablamos de la Cámara Federal tendríamos que incluir a Bertuzzi, a Bruglia y a Irurzun. Un detalle: la Corte decide sobre Bruglia y Bertuzzi en un fallo absolutamente contradictorio: por un lado dice que no es legal su posibilidad de quedarse en ese asiento, pero termina diciendo que, mientras tanto, se queden en ese asiento. Cualquiera se da cuenta de que es contradictorio pero, al decidirlo la Corte Suprema, no hay forma de revertirlo sin decisiones políticas fuertes. El que lo hizo, en la historia reciente, fue Néstor Kirchner.”
El ex magistrado destaca la necesidad de ampliar con urgencia el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia: “Se hace por una ley. Eso tendría una incidencia directa en la mejora del Poder Judicial de manera inmediata. Si a los cinco jueces que hay, se añaden 16, queda una corte de 21, una cifra razonable. Se divide en salas y, los 16 que se agregan, primero se plebiscitan en una consulta popular no vinculante prevista en la Constitución, para que la ciudadanía pueda expresarse. Eso le estaría daría una validación fundacional a esa nueva Corte. Se traduciría en una mejora inmediata en las decisiones que se tomen.”
“En segundo lugar, habría que estudiar qué pasa con los actuales cinco jueces de la Corte”. Continúa. “Convengamos que han dictado fallos que son para preocuparse y, además del daño que han generado, son motivo más que suficiente para analizar el pedido de juicio político.”
Rozanski considera que de esta manera habría menos posibilidades de que la Corte fuera presionada: “Por el número y la calidad ya que sería convalidada por la consulta no vinculante. El pueblo opina y se pronuncia, para lo cual hay que poner sobre la mesa la transparencia de quién es cada uno. Imagínense si se hubiera plebiscitado a Carlos Rosenkrantz, presidente actual de la Corte, y se hubiera mostrado que sacó de su página que Clarín era su cliente. Eso inhabilitaría a cualquier juez para ese cargo. Esto no fue plebiscitado y no lo iba a ser porque Mauricio Macri sabía muy bien a quién ponía en ese cargo”, enfatiza. “Hoy que ya tenemos esa información, los cargos que eventualmente se agregarían, se plebiscitarían, porque decenas de millones de personas son afectadas por los fallos de los jueces. Es injusto que no puedan participar, como mínimo opinando, sobre la pertinencia de designar a esos jueces.”