Por Mara Pedrazzoli economista del CCC
La reestructuración de deuda en dólares y los cambios en normativas que aliviarían la tensión fiscal se ven afectados por los efectos colaterales del coronavirus. Economía sigue renovando ofertas para renovar deuda en pesos, mientras el Senado y la Cámara de Diputados continúan en un fuerte trajín de nuevas normativas.
La Cámara de diputados dio media sanción al proyecto de Ley que recorta las jubilaciones de jueces y diplomáticos ––con 128 votos afirmativos, dos abstenciones (la izquierda) y sin el quórum de los bloques lavagnistas y de Juntos por el Cambio. En el límite horario, la participación del saliente diputado Scioli fue clave alcanzar el quórum para un proyecto poco dialogado; que establece la baja de 30 a 20 años de los aportes computables, el aumento de la edad jubilatoria masculiArgentinana a 65 años (escalonado hasta 2025) mientras mantiene la femenina en 60 y pauta que los funcionarios deben cesar ejerciendo el cargo. Su aceptación es popular: afecta a jubilaciones de $ 500.000 promedio.
El Senado sancionó ––con 56 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abtenciones (Martín Lousteau, Esteban Bullrich, Lucila Crexell y Eduardo Costa)–– la Ley de Góndolas, que establece que el 25% de la exhibición corresponda a las micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% a los productos fabricados por la agricultura familiar, campesina e indígena (pertenecientes a la llamada economía popular). Quienes calificaron la Ley de “inocua” remarcaron que el grueso de la economía popular funciona en la informalidad y no llega a la distribución en supermercados: el uso de la capacidad de exhibición, no solo su control, está puesto en duda. No obstante, se trata de una iniciativa favorable a la competencia.
Se conoció en la semana el dato de cierre para 2019 de la variación del Índice general de salarios: fue 40,9% contra una inflación de 53,8%. En 2018 los salarios también perdieron frente a la inflación, en 2017 ganaron levemente y en 2016 otra vez perdieron. En suma, al final de la gestión macrista los salarios compran un 35% menos de productos.
El pasado miércoles, el Ministerio de Economía presentó una nueva oferta para canjear el Bono Dual ––reperfilado en pesos–– por un papel atado a la tasa Badlar y por Lebads. Desde la licitación anterior, logró refinanciar tan solo el 18% del vencimiento original. En consecuencia, debió fondearse vía el Banco Central para realizar pagos, en un escenario de déficit fiscal primario en enero por primera vez en cinco años. Desde luego que la emisión monetaria asociada es menor a la que hubiera comprometido la cancelación total del Bono Dual. Y pese a que la prensa advierte sobre “la máquina de emitir”, el Central mantiene en paralelo una fuerte emisión de Leliqs con la que absorbe parte del circulante creado.
Posteriormente la cartera que dirige Guzmán presentó el cronograma de las licitaciones en pesos previstas para marzo. Por otro carril corren las negociaciones por la deuda pública en dólares; trascendió que el ministro fue “duro” con los bancos y fondos de inversión más importantes de Wall Street, con quienes se encontró el lunes 24F. La semana entrante, el gobierno hará pública la quita solicitada a dichos acreedores ––con acuerdo implícito del FMI. También los plazos de pago (prórroga hasta 2023) y las tasas originariamente pactadas (del 7%) serán renegociados.
Cabe notar que esta reestructuración se produce en el marco de una fuerte caída de los mercados financieros globales debido a la venta de activos asociada a la rápida propagación del coronavirus. El riesgo país argentino trepó 40p.p. sólo el día viernes, alcanzando un máximo para el año de 2.226p.b. (el último récord había sido de 2.600p.b. en septiembre de 2019). Los especialistas prevén una fuerte desaceleración económica como consecuencia de la expansión del virus; todas las proyecciones se recortan.
Volviendo al ámbito local, el Ministerio de Desarrollo Productivo avanzó en la modificación de normas del sector energético de cara a un descongelamiento para julio. Emitió una resolución que reduce y pesifica la remuneración que perciben la generadoras de energía (como Pampa Energía, Central Puerto, AES y Enel) y la pesificación para las centrales binacionales. Se estima que el costo de producción (que representa cerca del 50% de la tarifa de electricidad) pasará de USD 69 a 60/62 por MWH con efecto retroactivo al 1ero de febrero. El gobierno, además, postergó hasta abril la actualización de la tasa al dióxido de carbono de bajo impacto en las tarifas.
Por último, se postergó la suba en las retenciones que el presidente anunciaría en su discurso ante el Congreso. Se esperaba la aplicación del 3% estipulado en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, segmentaciones para pequeños productores y anuncios respecto a la cadena de trigo. Durante el pasado fin de semana productores organizados en el interior del país detuvieron la cadena de comercialización y amenazaban con nuevos paros. El ministro de Agricultura mantuvo una reunión durante tres horas con los integrantes de la Mesa de Enlace. La caída del precio internacional de los productos agropecuarios sin dudas alteró las decisiones (la cotización actual en Chicago es la más baja desde 2007).